Durante un evento en el Museo Soumaya de la Ciudad de México, que contó con la presencia de Peter Grohmman, Coordinador Residente de Naciones Unidas; Nuria Fernández, Directora del Sistema DIF; Rocío García, Subsecretaria de Bienestar; Martha Hernández, Subsecretaria de Educación Básica; Oliver Castañeda, Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Carlos Brito, Director de Canal Once, y Fernando Carrera, Representante de UNICEF en México, entre otros representantes del gobierno, sociedad civil y organismos internacionales, la organización resaltó la importancia de eliminar la pobreza entre la población infantil y adolescente a nivel nacional, así como el papel crucial que la educación juega en ese sentido.
Fernando Carrera Castro, Representante de UNICEF en el país señaló: “Mexico enfrenta un momento clave en su desarrollo y si algo muestra este informe es que la expansión económica a nivel nacional en 2021 estuvo acompañada, lamentablemente, de un aumento en la vulnerabilidad de la infancia y adolescencia en el contexto de la pandemia por COVID-19.
El informe, que resume el conocimiento recabado por UNICEF sobre la situación de niñas, niños y adolescentes en México durante 2021 al igual que las principales intervenciones de la organización en materia de salud, educación, igualdad y protección de la niñez y adolescencia a nivel nacional, muestra que, durante ese año, los hogares con integrantes menores de edad:
- seguían teniendo ingresos menores a los percibidos antes de la pandemia;
- continuaban teniendo dificultades en cuanto al acceso y consumo de alimentos saludables;
- evidenciaban síntomas y comportamientos asociados al deterioro de la salud mental, y
- enfrentaban serios desafíos para asegurar la continuación de los estudios y el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes debido a los gastos asociados, el temor al contagio en entornos escolares y las demoras en la reapertura de planteles. (ENCOVID 19)
Por otra parte, el confinamiento vinculado a la pandemia conllevó a un incremento de los delitos por violencia doméstica: 5.3% en 2020 respecto a 2019. (CNPJE 2021)
Además de las afectaciones puntales fruto de la pandemia, la infancia y la adolescencia en México presenta una situación deteriorada y con múltiples desafíos que comprometen su pleno desarrollo y el de la sociedad:
- mayores niveles de pobreza que otros grupos poblacionales (52.6% entre la población de 0 a 17 años y 43.9% entre la de 18 en adelante). En otras palabras, uno de cada dos niños, niñas o adolescentes vive en la pobreza: cerca de 19.5 millones (CONEVAL, 2020);
- preocupante prevalencia de la desnutrición crónica entre menores de cinco años (13.9%), de la anemia entre los de uno a cuatro años (32.5%) y del sobrepeso y la obesidad (38.5% entre los de 6 a 11 años y 43.8% entre la población de 12 a 19 años), afectaciones todas con graves consecuencias para la salud (ENSANUT 2020), y
- potencial aumento de las brechas de aprendizaje y del abandono escolar, particularmente en las poblaciones de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, aquellas pertenecientes a comunidades indígenas fruto del cierre prolongado de escuelas.
Dadas las importantes implicaciones de esta situación, durante 2021 UNICEF enfocó sus esfuerzos en apoyar acciones de las autoridades mexicanas vinculadas a:
- fortalecer y ampliar la protección social a niveles federal y subnacional, con fuerte énfasis en recabar conocimiento sobre el grado y tipo de pobreza que viven niñas, niños y adolescentes en México, así como los efectos de la pandemia de COVID-19 en los hogares;
- prevenir, tratar y reducir todas las formas de mala nutrición a través del fortalecimiento de la calidad de la atención ofrecida por los servicios de salud a nivel primario y comunitario, así como del desarrollo y promoción de entornos alimentarios saludables, incluyendo cooperación técnica para modificar marcos normativos nacionales y estatales;
- aumentar el acceso a servicios de salud vinculados a la buena nutrición, y a mejorar la salud materno-infantil;
- promover el regreso seguro y saludable a clases presenciales, abogando por el derecho a la educación de 25.4 millones de niñas, niños y adolescentes, y desarrollando iniciativas dirigidas a reducir los impactos negativos de la pandemia en la educación;
- fortalecer capacidades técnicas a nivel federal, estatal y municipal en materia de protección infantil/adolescente y prestación de servicios relacionados, además de aumentar la capacidad de prevención de la violencia, el abuso, la negligencia y la explotación de la niñez y adolescencia, y de evitar la separación familiar;
- apoyar esfuerzos estatales y municipales vinculados a provisión de agua y saneamiento, protección de la infancia, inclusión educativa, reunificación familiar, salud, nutrición, y cooperación técnica con autoridades locales;
- mejorar las opciones de cuidado alternativo para los niños, niñas y adolescentes que lo requieran, a través de programas de acogida en hogares en lugar de instituciones, y
- garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad sin importar de dónde vinieran ni hacia dónde se dirigieran.
